La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (SOT) concluyó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Déleg, ubicado en la provincia del Cañar, al declarar la inexistencia de responsabilidad administrativa.  Esta decisión fue adoptada luego de que la Superintendencia verificara que la omisión detectada en la formulación del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) fue corregida de manera efectiva por el GAD, mediante el cumplimiento de un proceso de remediación.

El caso se originó en abril de 2024, cuando se identificó que el municipio había asignado un tratamiento urbanístico incorrecto al polígono PIT-R13 —suelo rural de protección—, designándolo como “mitigación” en su PUGS. Esta clasificación contravenía el artículo 42 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), que establece tratamientos de “conservación” o “recuperación” para estas áreas. La omisión fue calificada como infracción leve, según el número 1 del artículo 106 de la misma ley.

En atención al pedido de remediación presentado por el GAD Municipal y tras la firma del Acta de Compromiso de Enmienda, la SOT suspendió el procedimiento sancionador. Sin embrago, en mayo de 2025, el GAD solicitó por segunda ocasión la aplicación de este mecanismo y, tras cumplir las actividades previstas en el acuerdo, procedió a corregir el instrumento, asignando al polígono —ahora identificado como PITR-PT-03— el tratamiento urbanístico de “conservación”, conforme a la clasificación del suelo como establece la Ley.

En este contexto, la SOT verificó el cumplimiento de la remediación, confirmando que los hechos habían sido subsanados y emitió la resolución correspondiente, cerrando el caso sin imposición de sanción económica.

Con ello, la Superintendencia de Ordenamiento, Territorial, Uso y Gestión del Suelo reafirma su compromiso con las acciones correctivas que promueven el cumplimiento normativo y el fortalecimiento de la planificación territorial, asegurando que los instrumentos de ordenamiento territorial estén alineados con la ley y en beneficio de las comunidades.