En el Ecuador, el 16 de abril de 2016 ocurrió un sismo de magnitud 7.8 en escala de Richter, que causó víctimas mortales y afectó gravemente la infraestructura física de la ciudad. Este es un hecho que ratifica la importancia de la gestión del riesgo, ante las amenazas a las cuales los diferentes territorios se encuentran expuestos.

Al respecto, es importante señalar que, en julio de 2016 se expide la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), en la cual se incluye la Disposición Transitoria Décimo Primera, que tiene como objetivo la evaluación de las infraestructuras, edificaciones y construcciones existentes, en especial las de alta concurrencia de personas, cuya finalidad es tomar las acciones preventivas que correspondan, a fin de  precautelar el buen estado físico de las infraestructuras  y con ello la seguridad y vida de las personas.

La referida disposición es de obligatorio cumplimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos y entidades del Gobierno Central. Sin embargo, y a pesar de la obligatoriedad, el cumplimiento de esta disposición legal es baja.  

Hasta el 2023, únicamente el 25% de GAD municipales y metropolitanos y el 16% de entidades del Gobierno Central registraron las evaluaciones de las infraestructuras, edificaciones y construcciones de alta concurrencia de personas en el Módulo “Transitoria 11” del Sistema Integrado de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SIOTUGS), creado y diseñado por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo SOT, para este fin.

Estos resultados se obtienen de la ejecución de la Acción Programada de Vigilancia realizada en el 2023, que consistió en la verificación de carga de la información correspondiente a las Fases I y II de la evaluación de infraestructuras, edificaciones y construcciones realizadas por entidades del Gobierno Central y por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos en el SIOTUGS.

No obstante, los bajos porcentajes de carga de información podrían impedir que los GAD municipales y las entidades del Gobierno Central adopten medidas necesarias para identificar, prevenir, mitigar y solventar las problemáticas a través de la toma de decisiones y factores que ponen en peligro dichas construcciones, edificaciones e infraestructuras.