La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), mediante Resolución Nro. SOT-INAR-DIRPI-2026-090, de 25 de septiembre de 2026, declaró la responsabilidad administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  Guano por incumplir la obligación de aplicar adecuadamente el instrumento para regular el mercado del suelo, denominado “Anuncio del proyecto”, en relación con el proyecto “Ampliación de los cuatro carriles Guano–Riobamba, cantón Guano, provincia de Chimborazo – Fase I”.

De la documentación examinada se desprende que el proyecto comprende 172 predios afectados y que no se acreditó la notificación formal del anuncio del proyecto a 63 propietarios. Esta omisión documental impide verificar que dichos propietarios hayan sido informados formalmente y compromete la certeza sobre el cumplimiento de las garantías de información y seguridad jurídica que les corresponden.

En consecuencia, la SOT impuso al GADM de Guano una sanción económica por el cometimiento de la infracción grave prevista en el artículo 107, número 4, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). De igual forma, como medida de reparación, dispuso que el GAD municipal, en el plazo de seis meses desde la notificación de la resolución, realice una revisión técnica y jurídica individualizada de la totalidad de los predios comprendidos en el proyecto. Esta revisión deberá examinar las notificaciones, los registros catastrales, los avalúos y las actuaciones relacionadas con declaratorias de utilidad pública y procedimientos de expropiación, así como corregir motivadamente las actuaciones que correspondan, con observancia de los derechos de los propietarios.

La SOT reafirma su compromiso con la vigilancia y el control de la gestión del suelo, el cumplimiento de la normativa y la protección de los derechos de la ciudadanía.

Nota: este comunicado se sustenta en los hechos y actuaciones que constan en el procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio del derecho de las partes a ejercer los recursos previstos en la ley.

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